El derecho al trabajo digno es un precepto constitucional, los salarios deben de ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material social y cultural, el salario debe de ser remunerador e integrado. El salario como retribución al trabajo debería ser el elemento central que garantice no sólo la sobrevivencia, sino el desarrollo y progreso de todos los trabajadores.
En este artículo se refiere a los trabajadores asalariados del sector industrial-manufacturero, en función de dos aspectos centrales:
1. La relación entre el salario y su capacidad adquisitiva.
2. Los salarios y su relación con el conjunto de las condiciones que están asociados con el desempeño laboral (centro de trabajo, seguridad del trabajo y condiciones en las que se desempeña)
La Ley Federal del Trabajo, vigente desde el 1° de Mayo de 1980, es una demostración de que el derecho del trabajo está en crisis y al mismo tiempo revela la seguridad de los altos funcionarios de la federación. Este desequilibrio se puede contemplar en las relaciones humanas entre ricos y pobres, es decir, entre capitalistas y proletarios o entre obreros y patrones, “La justicia social no es una realidad, sino una meta por alcanzar”.
Desde los años 80, los cambios de la política económica ha generado que la remuneración a los asalariados vaya en descenso en vez de en acenso. Este ha sido un proceso sostenido, lo que ha creado una desvalorización tanto de la capacidad como del valor al trabajo, generando dentro de las empresas un mayor interés en subir niveles de productividad y dejando a un lado al obrero, esto ha provocado que el costo laboral dentro de las empresas vaya a la baja.
Lo anterior, provocado por redes de interés y complicidades entre patrones y líderes sindicales y funcionarios, generando cada vez menos fortaleza en el salario del obrero. Aunado a esto, la modernización ha ayudado a la desvalorización del empleo, contribuyendo a la productividad de la empresa, sustituyendo la mano de obra y abaratando costos.
El marco regulatorio impuesto durante el salinato, que consistía en incorporar el nivel de salario a categorías como el desempeño, la productividad y capacitación como indicadores para poder determinar el nivel del salario. Sin embargo también consideraba quitar derechos ya adquiridos por parte del obrero. Con esto se buscaba una mejora sustancial en la calidad de vida de los trabajadores.
Esto no tuvo el impacto esperado derivado de la falta de cooperación y/o negligencia por parte de los patrones a alinearse a este marco y a la pobre estructura manufacturera que existe en México.
Se ha impulsado la idea de que las relaciones directas entre empleados y trabajadores son más beneficiosas, esto con el afán de desaparecer a los sindicatos, asociado como factor de desestabilización de los costos laborales y de la productividad. Consideramos que esto no es más que una lucha de poderes y lo que deberían de buscar es el bien común del trabajador-empleador, y no solo de alguna de las partes.
Todo lo anterior ha provocado un modelo en donde la estabilidad, el desarrollo y el progreso han sido dirigidos por el interés del capital. Con esto nos hemos ido alejando del precepto constitucional que relaciona al empleo como parte de la estrategia del desarrollo social. Sumado a esto el papel que tomó México ante la globalización, fue la de un país productor con mano de obra barata, esto ha cooperado a la disminución de salarios y a la de reformar la LFT. Es de preocuparse que mientras los costos totales de nómina de trabajadores sindicales representa cerca del 60% de los costos totales, las grandes empresas de México tan solo están pagando entre 3% y 5%. Mientras el sindicato provoca la desestabilización de la empresa, las grandes empresas son un ejemplo de explotación laboral y de que solo están interesados en la utilidad y no en el desarrollo social.
A pesar de las condiciones laborales, el que los obreros mexicanos sean de los más productivos del mundo es también, un reflejo de la falta de oportunidades en el país.
A pesar de que hay propuestas de diferentes partidos organizaciones por reformas a la LFT, estas carecen de relevancia ya que no se han aplicado y quedan tan solo en teoría.
El modelo laboral en México es un modelo que atiende las necesidades de unos cuantos, ha dejado a un lado lo establecido en la constitución del derecho al trabajo como impulsor del desarrollo social.
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